martes, 26 de abril de 2011

Declaratoria: PACTO NACIONAL POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

La jueza Raquel Burgoin Lozano sentenció  a 23 años de prisión a la joven bajacaliforniana “Lesly” por el supuesto delito de homicidio agravado en razón de parentesco, a pesar de ser especialista en Derecho y contar con conocimientos sobre jurisprudencia internacional, negó a la joven el derecho a la vida, el derecho a la integridad física mental y moral, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la dignidad y a la protección de su familia y el derecho a la garantía y respeto de sus derechos, entre otros derechos fundamentales violentados.

El Estado de Baja California cuenta con una especial mención internacional desde el Caso Paulina por ser un Estado que viola los derechos de las mujeres, gracias a que en 2002 un grupo de organizaciones de mujeres impulsadas y convocadas por la organización feminista Alaide Foppa presentaron un 8 de marzo de hace 9 años, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual en marzo de 2006, a través de un Acuerdo Amistoso se buscó reparar el daño moral y material cometido en contra de la adolescente.

La joven que está a dos meses de cumplir tres años en prisión injustamente, la defesa de Lesly apeló la sentencia injusta y violatoria a sus derechos y su caso está ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Tras presentar los agravios, se dio la audiencia de vista por parte del Tribunal y esperamos la pronta resolución de la apelación.

Con base en el artículo 4to constitucional, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la jurisprudencia internacional como el Caso de Alyne da Silva Pimentel llevado ante el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Caso Planned Parenthood vs. el Estado de Alaska, la joven bajacaliforniana a todas luces ha sido víctima de violencia institucional y discriminación por el Poder Judicial del Estado.

En México, la mitad de las constituciones estatales violan el derecho a la igualdad y a la no discriminación al otorgarle un supra valor al derecho a la vida del “producto de la concepción” como lo maneja la propia constitución estatal bajacaliforniana, paradójicamente, en el mismo artículo que establece las garantías individuales. La joven injustamente sentenciada no es la primera mujer que es penalizada por sufrir un accidente y 14 mujeres esperan sentencia por el mismo delito en el Estado y  no sabemos si alguna de ellas está en la misma situación de Lesly.

Han sido ya varias las mujeres que han sufrido la encarcelación y que están presas por vivir un aborto en México, en América Latina y se busca en Estados Unidos, el país donde por excelencia se respetaban los derechos sexuales y reproductivos, por lo menos de las mujeres blancas, se está buscando penalizar a las mujeres desde conceptos ideológicos tomados en un copiar-pegar de las políticas públicas que el Vaticano busca implementar en los Estados Americanos y Africanos contra las mujeres pobres y en otros países donde los partidos y grupos antiderechos han tomado fuerza debido a la crisis que ellos mismos propiciaron. Por lo anterior aseguramos que hay más mujeres presas por vivir un aborto, es por ello que esperamos que el Tribunal Superior del Estado  de BC resuelva conforme a derecho y tomando en cuenta los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres liberando a la joven, reparándole el daño moral y material causado a ella y a su familia y emitiendo una disculpa pública por privarla de la libertad injustamente.

Así mismo, se espera que gracias a la resolución del TSJBC, el Estado de Baja California tome todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o derogar instrumentos legales y prácticas jurídicas que permitan, toleren o promuevan la violencia y discriminación contra las mujeres, como es el caso del artículo 7mo constitucional local.

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