Tras la aprobación de las bodas homosexuales en Nueva York, la batalla en EE UU se da por el reconocimiento federal – Derogar una norma de 1996 implicaría una legalización nacional de facto
El del matrimonio gay es un objetivo que, hoy por hoy, parece más alcanzable que nunca en Estados Unidos. Desde que en 2004 se legalizaran las uniones entre personas del mismo sexo en Massachusetts, un total de seis Estados y el Distrito de Columbia, capital federal, han seguido el mismo camino, bien a través de decisiones judiciales, bien por trámites legislativos. Pese a las fuertes resistencias, la ola se extiende con vistas a conseguir el reconocimiento de estos matrimonios a escala federal, que permitiría a las parejas homosexuales casarse en los Estados que lo permiten y residir como matrimonio en cualquier lugar de EE UU.
En total, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en una zona que abarca a 35,5 millones de habitantes. Pero ¿lo es del todo? Aún carecen de algunos beneficios de los que sí disfrutan los homosexuales en España, por ejemplo, donde desde 2005 estas parejas están completamente equiparadas con las heterosexuales que se casan, incluida la posibilidad de adoptar conjuntamente. En EE UU, una ley aprobada por los republicanos en 1996 deniega a esas licencias matrimoniales validez federal.
Barack Obama quiere verla derogada. Los grupos ultraconservadores, por el contrario, quieren una reforma de la Constitución que determine que la unión matrimonial solo puede serlo entre hombres y mujeres. Algo similar a lo que sucede en España, donde el PP tiene recurrida la ley de matrimonio homosexual hace ya casi seis años ante el Tribunal Constitucional. Entonces promovía una ley de uniones civiles para los gais y lesbianas que reservara la denominación de matrimonio a los heterosexuales.
Desde el domingo, el matrimonio gay es legal en Nueva York, que con 19,3 millones de habitantes es el tercer Estado más poblado del país. Ahora ya es legal allí y en Iowa, Massachusetts, Connecticut, Vermont, New Hampshire y la capital federal. Solo es válido, sin embargo, ante las respectivas autoridades regionales, y no ante el Gobierno central. Es así debido a la citada ley de los republicanos de 1996, llamada significativamente Defensa del Matrimonio y ratificada entonces por Bill Clinton. En aquella época, Hawai había comenzado los trámites (infructuosos) para aprobar las uniones de gais, y el Congreso nacional actuó con rapidez, ya que en EE UU la Constitución no define el matrimonio como una unión heterosexual. En España la situación es parecida. La Constitución define el derecho a casarse de hombres y mujeres, pero no dice que tengan que hacerlo entre sí.
En la Cámara de Representantes había entonces tres legisladores abiertamente gais (Barney Frank y Gerry Studds, demócratas, y Steve Gunderson, republicano) que calificaron la ley de agresión frontal contra los homosexuales. Ante ellos, el autor de la norma, el republicano ultraconservador Bob Barr denunció, en una recordada comparecencia, los “vientos del hedonismo, las llamas del narcisismo, el fuego de la moralidad autocomplaciente que están mermando los cimientos de la sociedad”. “América no será el primer país del mundo que lance el concepto de matrimonio por la ventana”, dijo.
Según Joe Solmonese, presidente de Human Rights Campaign, el mayor lobby gay del país: “Esa ley impide hoy en día que unos 1.100 derechos, beneficios y responsabilidades matrimoniales a nivel federal se apliquen sobre parejas homosexuales legalmente casadas. Entre ellos se incluyen los beneficios de la Seguridad Social para viudedad, los seguros sanitarios para cónyuges de funcionarios federales, la protección para que los cónyuges no pierdan sus hogares en caso de emergencias médicas graves, el derecho a solicitar visados de inmigrante para cónyuges extranjeros, las garantías para bajas médicas a parejas y la capacidad de tramitar declaraciones de la renta de forma conjunta, entre muchos otros”.
Solo ahora, algunos políticos han comenzado a exigir que se derogue la ley. La primera en hacerlo de forma pública, la semana pasada, fue Dianne Feinstein, una veterana senadora demócrata de California, que en 1978 estaba presente en el Ayuntamiento de San Francisco cuando un perturbado asesinó al activista gay Harvey Milk. Feinstein se queja ahora de que los matrimonios oficiados en Nueva York o Massachusetts sean legales en España pero no ante el Gobierno federal de EE UU. “Se trata, simple y llanamente, de discriminación, no hay otra forma de decirlo”, dijo la senadora en una conferencia en el National Press Club. “Esta no es una causa que vayamos a abandonar. Si no logramos la derogación este año, lo intentaremos el próximo”.
Al día siguiente, Feinstein presentó el texto de derogación en el Comité de Asuntos Judiciales del Senado. Junto a ella comparecieron algunos homosexuales que relataron la discriminación a la que se hallan sujetos. Ron Wallen, de 77 años, perdió hace unos meses a su pareja, con quien compartió 50 años. El Gobierno le deniega una pensión, a pesar de que ambos se casaron en California en 2008, en el breve espacio de tiempo en que las uniones homosexuales fueron legales allí. Un juzgado ha reconocido la validez de su licencia de matrimonio. Andrew Sorbo, de 64 años, se casó en 2009 en Connecticut con un veterano del Ejército. Su marido murió recientemente, después de 30 años de relación. El Pentágono le ha denegado la pensión militar por viudedad. Aunque en junio de 2008 el Tribunal Supremo de California legalizó las uniones gays, en noviembre del mismo año los votantes decidieron en referéndum prohibirlo. De momento, las licencias que se concedieron mantienen su validez debido a una decisión judicial.
En realidad, políticos de ambos signos se han manifestado a favor de las uniones homosexuales en EE UU. Dick Cheney, vicepresidente bajo el mandato de George W. Bush, ha apoyado en numerosas ocasiones las uniones entre personas del mismo sexo y ha contado que su hija, Mary, es lesbiana y mantiene una relación desde hace años con su novia. Del mismo modo se han significado Laura y Barbara Bush, mujer e hija del expresidente. “Creo que es algo que llegará inevitablemente, es solo cuestión de tiempo”, le dijo la ex primera dama al presentador de CNN Larry King en 2010.
Tienen esos políticos conservadores una visión más progresista, oficialmente, que la del propio Barack Obama. En realidad, el presidente ha cambiado con frecuencia sus opiniones al respecto. En 1996, en la campaña para senador en el Estado de Illinois, respondió en un cuestionario político que estaba totalmente a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. “Estoy a favor de legalizar los matrimonios homosexuales y combatiría cualquier esfuerzo para ilegalizarlos”, dijo. Esa fortaleza de convicciones se iría atenuando con los años. Al llegar a la Casa Blanca, en 2009, era contrario a los matrimonios, pero apoyaba las uniones civiles.
Desde entonces, el presidente se ha empleado en mostrar una especie de proceso público de calculada indecisión. En una entrevista concedida a la revista gay The Advocate en diciembre, dijo: “Me he enfrentado a la opinión personal de que el matrimonio tradicionalmente tenga unas connotaciones diferentes. Pero tengo muchos amigos, muy cercanos, que son gais y lesbianas, y que tienen parejas”. De ese modo, y a pesar de su oposición pública y su indecisión privada, Obama ha tomado una medida inédita en un presidente en activo: apoyar públicamente la derogación de la ley de Defensa del Matrimonio planteada por la senadora Feinstein. La semana pasada su portavoz dijo que el presidente lo hacía “con orgullo”, en un guiño al movimiento gay. Si la derogación se aprueba, sería una legalización de facto del matrimonio gay nacionalmente.
Antes que en España, país pionero en la equiparación total de las parejas gais y heterosexuales, fue el Estado de Massachusetts (6,5 millones de habitantes) el que aprobó el matrimonio gay por la vía judicial. Aquello despertó las alarmas de los grupos conservadores, que presionaron para que se propusiera en el Congreso una reforma de la Constitución donde dejar por escrito que el matrimonio es la unión exclusiva y excluyente entre un hombre y una mujer. El expresidente Bush, que estaba en campaña electoral, apoyó esa fórmula, que hubiera supuesto la primera reforma constitucional propuesta desde los años setenta. Solo ha habido 17 reformas en más de dos siglos de historia norteamericana.
“La unión de un hombre y una mujer es la institución humana más duradera, honrada y defendida por todas las culturas y todas las fes”, dijo entonces Bush. “La institución del matrimonio no puede desvincularse de sus raíces culturales, religiosas e incluso naturales sin debilitar su buena influencia sobre la sociedad”. Para triunfar, aquella reforma constitucional debía haber obtenido dos tercios de los votos del Congreso y la ratificación de 38 Estados. Se ha votado sobre ella ya en tres ocasiones. En todas ha fracasado.
Hay grupos conservadores que, sin embargo, han decidido hacer de la lucha constitucional su principal batalla. Creen que si el Congreso, con la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes, aprueba la modificación de la Carta Magna, todos los matrimonios gais aprobados hasta ahora en los diferentes Estados se verán invalidados de golpe. En el Congreso, la semana pasada, el portavoz del grupo ultraconservador Focus on the Family, Thomas Minery, detalló los peligros que entraña, a su parecer, el matrimonio homosexual: mayor número de divorcios y menor monogamia, principalmente.
Tras la estela española
- Desde que España aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, otros ocho países han seguido, hasta la fecha, la misma senda: Holanda, Bélgica, Portugal, Suecia, Noruega, Canadá, Sudáfrica y Argentina. Además, estos enlaces están permitidos en siete Estados de EE UU: Iowa, Massachusetts, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Nueva York, y también en la capital federal, el distrito de Columbia. También en México DF (el Estado de la capital).
- En muchos de estos países (Holanda, los nórdicos) antes de la plena equiparación había fórmulas intermedias, como leyes estatales de uniones civiles o de parejas de hecho que reconocían en la práctica casi los mismos derechos a dos contrayentes homosexuales que a una pareja heterosexual casada, aunque con excepciones (la más clara era la de poder adoptar conjuntamente).
- La Asociación Internacional de Lesbianas y Gais (ILGA) reconoce que hay otros 14 países en los que la equiparación de las parejas gais y las casadas heterosexuales es casi total: Brasil, Colombia, Israel, Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Reino Unido, Suiza y Nueva Zelanda, y otros 10 con una equiparación algo menor (Ecuador, Uruguay, República Checa, Croacia, Francia, Andorra, Eslovenia, Luxemburgo, EE UU y Australia).
- En el extremo opuesto están quienes persiguen las relaciones homosexuales. Son 76 países, con los casos más graves en los territorios donde este tipo de prácticas pueden castigarse con la pena de muerte: Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Sudán, Yemen, 12 Estados del norte de Nigeria y zonas del sur de Somalia.
